Las imágenes que obtenemos con las cámaras de videovigilancia se tratan por el interés legítimo de nuestra empresa en preservar sus bienes e instalaciones. Nuestro legítimo interés justifica también el tratamiento de datos que obtenemos de los formularios de contacto.

Como criterio general únicamente comunicamos datos a administraciones o poderes públicos y siempre en cumplimiento de obligaciones legales. En la emisión de facturas a clientes, los datos se pueden comunicar a entidades bancarias. En casos justificados comunicaremos los datos a los cuerpos y fuerzas de seguridad o a los órganos judiciales competentes. No se realizan transferencias de datos fuera del ámbito de la Unión Europea (transferencia internacional).

En otro sentido, para determinadas tareas obtenemos los servicios de empresas o personas que nos aportan su experiencia y especialización. En algunas ocasiones estas empresas externas deben acceder a datos personales de nuestra responsabilidad. No se trata propiamente de una cesión de datos, sino de un encargo de tratamiento. Únicamente se contratan servicios de empresas que garantizan el cumplimiento de la normativa de protección de datos. En el momento de la contratación se formalizan sus obligaciones de confidencialidad y se realiza un seguimiento de su actuación. Puede ser el caso de servicios de alojamiento de datos, de servicios de soporte informático o de asesorías jurídicas, contables o fiscales.